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La Inquisición en Palma del Río: proyecto de investigación. |
Durante
la Edad Media el orden establecido parecía amenazado en Europa.
La presión de la nobleza y de los soberanos, reclamando más
impuestos y más soldados, pesaba sobre las capas populares,
en especial sobre los campesinos. El malestar de éstos se
expresaba en revueltas cada vez más conscientes y radicales.
En estas revueltas, se planteaban reformas sociales contra el poder
señorial y se invocaba la ley divina, haciéndose una
lectura igualitaria de los evangelios. Detrás de todos esos
planteamientos subyacía la esperanza de una nueva sociedad,
en que los hombres fuesen iguales en derechos, las autoridades se
eligiesen y la religión no fuese un instrumento de control
social en manos de los clérigos. Es en este contexto en el
que hay que entender muchas «herejías» como la
de los anabaptistas, dulcinistas, etc. que, junto a una forma distinta
de entender la religión (más igualitaria, reivindicándose,
por ejemplo, la supresión de los conventos o el derecho de
la comunidad a elegir a su pastor) planteaban cuestiones sociales
como la libertad de los siervos o el fin de la usurpación
de la propiedad comunal por los señores. Fueron estos herejes
considerados peligrosos por la iglesia establecida y sangrientamente
reprimidos (en Münster, católicos y protestantes se
unieron para asesinar hasta a las mujeres y niños anabaptistas). Precisamente, la Inquisición Pontificia o Apostólica fue creada en 1233 por el Papa Gregorio IX. Se trataba de un tribunal que ponía en práctica la represión coercitiva de la herejía en todos los países católicos de Europa y que surgía ante la evidencia de que aquélla trascendía el plano religioso y amenazaba el orden social y político. La Inquisición Apostólica se introduce en Castilla en 1478. Tenía como fin la vigilancia de la ortodoxia y la sinceridad de la conversión al cristianismo de los judeoconversos. Era independiente de la Santa Sede, dependía de la Corona y fue extendida por los Reyes Católicos a todos sus dominios (no sin resistencia, ya que algunos inquisidores fueron asesinados). En cuanto a su organización, en la cúspide se situaba el Inquisidor General que presidía el Consejo de la Suprema Inquisición. Tras él se encontraban los tribunales territoriales, que estaban formados por los Familiares del Santo Oficio, provenientes de la oligarquía local. La actuación inquisitorial se iniciaba con un proceso de informaciones que se ponía en marcha tras una denuncia o sospecha. El acusado era retenido e incomunicado en prisión mientras se recogían testimonios y se hacían las pesquisas. Cuando las pruebas resultaban confusas o incompletas, se recurría a la tortura, que servía para confirmar o no la culpabilidad del acusado. Finalmente, el tribunal dictaba sentencia bien de absolución bien de condena. Había dos modalidades de pena: de «penitencia» o «reconciliación», cuando el culpable abjuraba o se arrepentía, castigándolo con penas de prisión, inhabilitación para el servicio a la Corona o penitencia pública (llevando el sambenito); y de muerte, cuando era reincidente o «contumaz» (se negaba a retractarse), la cual podía llevarse a cabo en la hoguera o en el garrote (si abjuraba al pie del patíbulo). Las condenas se ejecutaban en un gran acto público, el auto de fe, celebrado en las plazas mayores de las ciudades. En cuanto a los delitos que perseguía, en un principio se dedicó a reprimir a los judaizantes, herejes y brujos. En el XVI, con la reforma protestante, se convirtió en la salvaguarda de la doctrina católica en la monarquía hispana. En el siglo XVII, adquiere un papel mucho más definido de control social, de vigilancia de las costumbres y de la moralidad impuestas. En el siglo XVIII entra en crisis y, en 1813, es abolida por las Cortes de Cádiz. Ante la importancia de la Inquisición en la Historia de España, nos ha parecido interesante el estudiarlo a nivel local. Los firmantes de este artículo nos proponemos, por tanto, realizar un trabajo de investigación que tenga por objeto conocer la realidad de esta importante institución y su papel en la historia de nuestra ciudad. Para ello contamos con la documentación del Archivo Municipal, del Archivo del Obispado de Córdoba y del Archivo Histórico Nacional. En estos tres archivos se encuentra documentación primordial sobre el tema tratado. Podrían abordarse cuestiones tan interesantes como la de los moriscos de Palma, ya que la villa tenía en el XVI una aljama más poblada que la de la misma Córdoba. Una de las partes de la investigación sería conocer quiénes formaban parte de la institución en Palma -tanto notarios como familiares- y qué posición social y económica ostentaban. Al perseguirse delitos relacionados con las costumbres y la moral puede, asimismo, realizarse una panorámica de la determinada mentalidad y sicología que se pretendían imponer en la época, así como de las resistencias a esa imposición, que vendría dada por las transgresiones contínuas que los procesos evidencian. Es, en definitiva, un tema apasionante y que, en el caso de Palma, no está estudiado con lo que se contribuiría a ahondar un poco más en nuestra historia local.
El historiador Rafael García Boix recoge en su libro
Autos de fe y causas de la Inquisición en Córdoba
(Córdoba, 1983, pág. 280) el proceso a que sometió
la Inquisición a Rafael de Torres, esclavo de doña
Beatriz Portocarrero, vecino de la ciudad de Écija, por
blasfemia. El caso es que los testigos declararon que: |